En México, una mezcla de violencia y falta de recursos amenaza a la industria de las noticias

Translated by Marisol Chavez. Read in English. 

Cuando se cuenta la historia de la transición de México a la democracia, se reconoce a los periodistas y periódicos que lucharon por ser independientes y construyeron plataformas para las voces que se oponían al régimen unipartidista que gobernó al país la mayor parte del siglo XX.

Se menciona a periódicos como Reforma y La Jornada, junto con la revista Proceso y su fundador Julio Scherer García, y el ícono de las noticias en radio, José Gutiérrez Vivó. Lo que tienen en común estos medios y periodistas es que todos tenían sede en la Ciudad de México y se les conocía como “los medios nacionales”, a pesar de que su mercado rara vez iba más allá de la capital en los días previos al internet.

Esta historia ignora a decenas de periódicos y periodistas a nivel local, en ciudades alrededor del país que le dieron una voz a los partidos y políticos de oposición en las décadas de 1970 y 1980. Fueron una fuerza crucial para expulsar al PRI, el partido gobernante de México, de las alcaldías y distritos electorales, en donde la transición del país a la democracia había iniciado mucho antes de que el PRI perdiera su mayoría en el congreso federal en 1997 y la presidencia en el 2000.

Esos mismos medios noticiosos y periodistas ahora están en peligro. Las fuerzas criminales los atacan con mayor frecuencia, gozando de una impunidad que los incita a amenazar, hostigar o matar. Las fuerzas económicas atacan sus modelos de negocio, debilitándose aún más. Las fuerzas políticas buscan controlarlos.

México está pasando por la peor racha de ataques contra periodistas en su historia. Datos proporcionados por ARTICLE 19, una organización sin fines de lucro que defiende la libertad de prensa, indican que en 2021, en promedio, un periodista fue atacado en México cada 14 horas. Hace tres años, era un ataque cada 16 horas y tres años antes de eso, cada 22 horas. Por lo menos siete periodistas han sido asesinados en México en lo que va de este año, la misma cifra que el total del 2021.

Siempre ha existido una tradición de periodismo local independiente en México, que se puede encontrar en diversos periódicos fuera de la capital del país: El Norte en Monterrey, El Informador en Guadalajara, El Imparcial en Hermosillo, Diario de Yucatán en Mérida, y el AM en León, entre otros. El éxito comercial de estos periódicos independientes los llevó a alcanzar su estabilidad económica. Al tener un respaldo económico, pudieron resistirse a presiones de gobernadores y alcaldes que buscaban cobertura favorable. No tenían miedo de exponer abuso o corrupción de funcionarios públicos, fraude electoral o negligencia del gobierno, y al mismo tiempo mantuvieron la diversidad en las voces que aparecían en sus páginas de opinión.

Durante la última década, esa independencia ha estado en peligro. La violencia contra los periodistas en México ocurre a nivel local, lejos de la capital, en ciudades medianas y pueblos pequeños, donde reporteros y editores siguen luchando por conservar su independencia y al mismo tiempo poder llegar a fin de mes.

La violencia contra los periodistas en México ocurre a nivel local, lejos de la capital, en ciudades medianas y pueblos pequeños

Hace unos diez años, cuando yo era editor de El Siglo de Torreón, uno de los periódicos más grandes y prestigiosos del norte de México, comencé a notar que, cada vez más, la diferencia entre que la empresa ganara o perdiera dinero dependía del número de anuncios comprados por el gobierno estatal y municipal. La presión por una cobertura favorable, expresada por medio del retiro de anuncios, estaba cobrando factura.

Al mismo tiempo, el periódico sufría ataques de los cárteles de la droga que estaban en medio de una guerra territorial por el control de las actividades delictivas de la zona. En menos de cuatro años, nuestras oficinas sufrieron cinco ataques armados y nuestros periodistas recibieron múltiples amenazas, concluyendo con el secuestro de cinco empleados en febrero de 2013.

La experiencia de ser atacados nos impulsó a desarrollar protocolos de seguridad que comencé a compartir con otros medios noticiosos en México, y después de que dejé el periódico a finales del 2013, empecé a capacitar a periodistas en temas de seguridad y cómo tomar precauciones básicas al cubrir hechos violentos. Algunas de estas medidas incluyen el desarrollar un sentido de alerta al cubrir una escena del crimen, establecer una rutina de comunicación entre editores y reporteros y eliminar los nombres de los autores de los reportajes para que quienes escriben sobre actividades criminales no sean identificados.

Surgió un patrón de periódicos y medios digitales emergentes que se sentían amenazados de la misma manera: en el frente económico por la pérdida de anuncios publicitarios y en el frente de la seguridad porque las organizaciones criminales buscaban silenciar los reportajes sobre sus actividades y atrocidades.

Recuerdo una conversación que tuve en el 2012 con Enrique Gómez, el editor de la cadena de periódicos AM en el estado de Guanajuato. El periódico se había beneficiado mucho de la expansión económica de la región del Bajío en el centro de México, pero aún así enfrentaba presiones por parte del gobierno del estado. Fue irónico, porque AM había sido una de las fuerzas que permitió el avance del PAN, el partido de centro-derecha que desplazó al PRI del gobierno estatal en la década de 1990. Había sido uno de los muy pocos periódicos que le daban cobertura a un político del PAN llamado Vicente Fox, quien luego se convirtió en gobernador y, en el 2000, en el primer presidente de México que no fue priísta en más de 70 años.

Pero años después, los miembros del PAN en el gobierno del estado, tan agradecidos con el periodismo independiente de AM cuando estaban en la oposición, ahora estaban en el poder y presionaban a Gómez para que bajara el tono de la cobertura crítica del gobernador y los funcionarios estatales. Dependiendo de su estado de ánimo, decidían comprar o retirar anuncios en AM, el cual tiene la mayor circulación en el estado de Guanajuato, mientras invertían en anuncios de periódicos pequeños con menor alcance, pero con editores más obedientes, de acuerdo con un reporte de marzo de 2014 de la Asociación Mundial de Editores de Noticias.

AM ha logrado diversificar sus fuentes de ingreso, particularmente por medio de proyectos digitales, para evitar volverse demasiado dependientes del dinero del gobierno estatal o municipal ante la caída de publicidad comercial. Aunque Gómez me dijo hace poco que los anuncios del gobierno estaban regresando, como en todos los demás periódicos del país, AM se ha visto obligado a reducir su personal, despidiendo a casi un tercio de su fuerza laboral.

Desgraciadamente, los presupuestos de las salas de redacción continúan reduciéndose, quitándole recursos a posibles reportajes de investigación que promueven la rendición de cuentas, y obligando a recortar salarios y beneficios para los periodistas aún cuando están siendo atacados.

Estos ataques están ocurriendo fuera de la Ciudad de México, en ciudades y pueblos de todo el país. Los periodistas que sufren a causa de ellos son los reporteros y editores que realizan coberturas de problemáticas locales, bajo la presión de gobernadores, alcaldes, jefes de policía, negocios locales o grupos criminales.

Uno de los casos más extremos es uno reciente. En Zitácuaro, una ciudad de 150,000 habitantes en el estado de Michoacán, el sitio web de noticias Monitor Michoacán tuvo que cerrar después de que dos de sus empleados fueron asesinados. El sitio realizaba coberturas sobre crímenes, cárteles de la droga y sus conexiones con los políticos locales. Después de que Roberto Toledo, un camarógrafo y editor de video, fue asesinado el 31 de enero, el editor Armando Linares publicó un video denunciando el ataque. Menos de dos meses después, Linares fue asesinado en su casa. Al día siguiente, el editor Joel Vera anunció la desaparición del sitio web luego de que dos reporteros renunciaron. “Soy el último que queda”, dijo.

Los medios noticiosos locales son los más vulnerables a pesar de que alguna vez fueron un motor de democracia y rendición de cuentas esencial para mantener a la gente informada sobre lo que sucede en su comunidad

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que el estado no mata ni silencia a los periodistas — pero pensar que es el gobierno quien está matando a los periodistas es un diagnóstico erróneo del problema. Aunque el presidente esté en lo correcto al decir que su gobierno no silencia a los periodistas, es igualmente cierto que su gobierno no persigue a quienes sí lo hacen. El nivel de impunidad es increíble – nueve de cada 10 crímenes contra periodistas no se resuelven, una tasa que se ha mantenido constante durante décadas, independientemente del partido en el poder. López Obrador ganó la elección presidencial de 2018 con la promesa de poner fin a la violencia contra los periodistas y castigar a quienes atentan contra la prensa libre. No ha cumplido su promesa.

Al mismo tiempo, sus quejas sobre los periodistas independientes se han vuelto cada vez más desquiciadas. López Obrador se benefició del trabajo de periodistas de investigación que denunciaron la corrupción de funcionarios públicos, incluyendo presidentes, de gobiernos anteriores. La ira de los votantes expresada en el 2018 a través del voto que llevó a López Obrador a la presidencia no se puede explicar sin el periodismo independiente. Ahora que López Obrador está en el poder, no le gusta que los mismos periodistas que investigaron a sus predecesores hagan lo mismo con él y su movimiento político. Ha pedido que se expongan las declaraciones de impuestos de periodistas y que se recorten los recursos extranjeros de las organizaciones sin fines de lucro que trabajan en las investigaciones de su gobierno.

López Obrador expresa su inconformidad durante su conferencia de prensa matutina diaria titulada “La Mañanera”, un espacio en el que se queja de ser víctima de las oscuras fuerzas conservadoras que, según él, han sido promovidas por empresarios malvados, ciudadanos traidores y gobiernos extranjeros, particularmente el de Estados Unidos.

Al hacer esto, el presidente de México transmite un mensaje de que los periodistas son sus “adversarios”. Al mismo tiempo, el gobierno federal se ha mostrado incapaz de prevenir los ataques contra los medios o de castigar a quienes los llevan a cabo. Los medios noticiosos locales son los más vulnerables a pesar de que alguna vez fueron un motor de democracia y rendición de cuentas esencial para mantener a la gente informada sobre lo que sucede en su comunidad.

Entonces, en el México de hoy, el gobernador de un estado, el alcalde de una ciudad, un jefe de policía, un líder de un cártel, o un criminal que piense atacar a un periodista por publicar algo que no le gusta, puede tener la certeza de que se saldrá con la suya. ¿Por qué no deberían? Si hasta el presidente piensa que los periodistas son el enemigo.