A Pesar de la Violencia, los Periodistas Innovan para Reportear en México

Una foto enmarcada de la portada de la edición del 15 de febrero de 2014 de Proceso, uno de los semanarios más importantes de México, cuelga de la pared de la habitación de Noé Zavaleta. La cubierta muestra una imagen de Javier Duarte, el gobernador de Veracruz, el estado mexicano ubicado a lo largo de la costa del Golfo. Duarte lleva puesta una cachucha de la policía de color azul y una camisa de color blanco que ciñe su barriga. El titular: “Veracruz: Estado sin Ley.”

Para Zavaleta lograr una noticia de portada en Proceso, conocida por su cobertura crítica del gobierno, fue un logro mayor. Zavaleta vive en Xalapa, la capital colonial de Veracruz, y conoce bien el estado. Para él y para Rubén Espinosa, el fotógrafo independiente que tomó la foto, la portada supuso tener exposición a nivel nacional, y también exponerse a un gran riesgo.

Durante mucho tiempo Duarte había venido desacreditando públicamente a los reporteros que criticaban su administración, y el reportaje de Zavaleta hacía precisamente eso. El reportero exhibía escándalos de corrupción, un incremento en la violencia relacionada con los carteles del narcotráfico y la muerte del periodista Gregorio Jiménez, quien fue secuestrado tras dejar a sus hijos en la escuela y encontrado muerto en una fosa oculta días más tarde. Si bien Jiménez cubría la fuente criminal en Veracruz, autoridades estatales descartaron que eso fuera la motivación detrás de su muerte. El reportaje de Zavaleta criticaba la investigación y resaltaba un hecho alarmante: desde que Duarte tomó el poder en diciembre de 2010, 13 periodistas han sido asesinados en Veracruz o poco después de haber huido del estado.

En julio, Espinosa, el fotógrafo, se convirtió en el número 14.

Fue encontrado muerto, ejecutado junto con cuatro mujeres, en un departamento en la colonia Narvarte de la Ciudad de México. Todos habían recibido un tiro de graciay todos mostraban signos de tortura. Entre las otras víctimas se encontraba Nadia Vera, una estudiante y activista de Veracruz quien también había abandonado el estado luego de recibir amenazas. “Todavía no puedo creerlo”, dice un agitado Zavaleta, sentado al borde de su cama, cerca del escritorio que constituye la oficina que tiene en su casa. “No he dejado de trabajar desde que murió Rubén. Simplemente sigo, sigo, sigo. Quiero creer que esto no ha sucedido, y que simplemente es una pesadilla y que mañana me voy a levantar y voy a ver a Rubén”.

Los periodistas han enfrentado riesgos en México durante años, dado que su trabajo los coloca en el punto de mira de los grupos del crimen organizado. Líderes comunitarios, abogados y defensores de derechos humanos que cuestionan e investigan actividades criminales en México también se convierten en víctimas. Aunado a esto, los periodistas enfrentan retos más difíciles de identificar; por ejemplo los profundos lazos del gobierno con los medios de comunicación. Periódicos y estaciones de radio cada vez dependen más del estado, especialmente para conseguir lucrativos contratos publicitarios. Pese a ello, los reporteros de investigación siguen reporteando, desafiando los obstáculos, y forman parte de una nueva oleada de periodistas que son más independientes, digitalizados y dispuestos a colaborar entre ellos.

Sin embargo, los riesgos se han incrementado, especialmente desde 2006, cuando el Presidente Felipe Calderón lanzó un ataque militarizado contra el crimen organizado. Ese esfuerzo fracasó, y la violencia se disparó, así como las amenazas contra periodistas. El asesinato en 2006 de Brad Will, un periodista independiente con sede en Nueva York, a quien mataron en el estado sureño de Oaxaca mientras cubría una serie de protestas contra el gobierno, es emblemático. Sin quererlo, Will captó en video su propia muerte, ya que su cámara grabó a un grupo de hombres a favor del gobierno que disparaban contra los manifestantes en la dirección donde él se encontraba. Pese a esto, esas personas no fueron condenadas por el homicidio. En su lugar, Juan Manuel Martínez, un panadero que vivía cerca de la escena del crimen, fue arrestado pese a que las autoridades nunca pudieron presentar a ningún testigo que pudiera corroborar que hubiera estado en el lugar. Tras 16 meses en prisión, Martínez fue absuelto de asesinato y puesto en libertad. El panadero me dijo que “es más fácil implicar a alguien como yo que a los verdaderos asesinos”. Nueve años después, los responsables de la muerte de Will siguen sueltos.

El asesinato de Rubén Espinosa en julio hizo pedazos la imagen de la Ciudad de México como un refugio seguro

Al tiempo que la violencia ha aumentado, el reporteo a fondo en los periódicos principales de una buena parte del norte de México ha desaparecido. En 2008 en Ciudad Juárez, que colinda con El Paso, los carteles peleaban por el control de la plaza, y Armando Rodríguez, uno de los reporteros principales que cubría la fuente criminal para el periódico local El Diario, fue abatido a tiros afuera de su casa frente a su pequeña hija. Conocí a Rodríguez poco tiempo antes de que muriera. Era famoso por llevar una relación diaria de los homicidios que se cometían en la ciudad, algo que las autoridades locales no hacían. Ese año, en una ciudad de 1.3 millones de personas, el número de muertos alcanzó los 1,500, casi cinco asesinatos diarios. Rodríguez se veía desgastado y decía: “Me siento como un reportero de guerra, pero no hay líneas de batalla”.

En 2012 el mandato de Calderón llegó a su fin. Durante los seis años de su administración, más de 100,000 personas fueron asesinadas o desaparecieron, de acuerdo con reportes del propio gobierno. Bajo el control del actual Presidente Enrique Peña Nieto, las tasas de homicidio están subiendo una vez más, luego de un breve declive debido, entre varios factores, a que los carteles están sufriendo fracturas y peleando por las rutas de la droga.

En conjunto, desde el año 2000, 88 periodistas han sido asesinados en México, de acuerdo con Article 19, un grupo con sede en el Reino Unido que aboga por la libertad de prensa. Los crímenes rara vez son esclarecidos. Las investigaciones tienden a prolongarse debido a la sobrecarga de trabajo que enfrentan los fiscales y a que tienen que operar en un sistema anticuado. Algunas veces, cuando podrían implicar a autoridades oficiales, las investigaciones por homicidio simplemente se estancan. “La política interfiere en el proceso”, dice Carlos Lauría, coordinador titular para las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). “Te encuentras casos con evidencias claras, pero no llegas a ver resultados”. Este año, México ocupó el octavo puesto en el Índice de Impunidad Global del CPJ, entre Afganistán y Pakistán. Además, con cuatro periodistas asesinados en lo que va del año, México ha duplicado ya la cuota de muertes que tuvo en 2014.

Al mismo tiempo, el asesinato de Espinosa marcó un punto de inflexión. Es poco común que un periodista sea asesinado en la capital del país. La imagen de la ciudad como un refugio seguro donde, en general, los periodistas bajo amenaza podían gozar del anonimato que ofrece una metrópolis de más de 20 millones de habitantes, voló en pedazos. “Todos sentimos un escalofrío”, dice Alfredo Corchado, el jefe de la corresponsalía en México del diario The Dallas Morning News, pese a aclarar que los periodistas extranjeros no enfrentan el mismo tipo de amenazas que sus colegas mexicanos. “Yo tengo un pasaporte estadounidense y puedo subirme a un avión en cualquier momento”, dice Corchado. Las redes del crimen organizado no quieren poner a prueba al gobierno de Estados Unidos o exponerse a cualquier trastorno en sus negocios.

Reporteros locales como Espinosa se enfrentan a amenazas aun mayores. Sus dificultades comenzaron en 2012, cuando un miembro del gobierno le dijo que dejara de cubrir una protesta estudiantil o “acabaría como Regina”, en referencia a Regina Martínez, una reportera de Proceso que murió estrangulada en su casa en Xalapa ese año. Las autoridades ligaron su muerte a un robo, pero Espinosa y otros periodistas estaban convencidos de que su reporteo sobre asuntos criminales fue lo que la llevó a la muerte.

En mayo, Espinosa colocó una pequeña placa en la plaza central de Xalapa, afuera de las oficinas del gobierno local. Decía: “Plaza Regina Martínez”, y tenía como propósito rendir homenaje a la reportera y protestar por la investigación sobre su muerte. Una fotografía de la ceremonia muestra a Espinosa con cabello negro corto y vistiendo un chaleco de fotógrafo, colocando la placa con cuidado ante la mirada de sus colegas. “Espinosa exigió justicia en el caso de Regina una y otra vez”, dice Norma Trujillo, quien trabaja como reportera desde Xalapa para La Jornada, un diario de tendencia izquierdista. “Era un líder, pero yo tenía miedo por él”. Poco después, el gobernador Duarte le dijo a los periodistas que “se portaran bien” y los llamó “manzanas podridas” que pronto caerían del árbol.

En junio, Espinosa finalmente abandonó Veracruz y se trasladó a la Ciudad de México. Había fotografiado una protesta estudiantil en la cual un grupo de hombres atacó a los manifestantes con machetes. Luego de eso, le contó a amigos suyos que unos individuos armados se encontraban afuera de su domicilio. “Se asustó en serio”, dice Zavaleta.

Hasta ahora, la investigación por la muerte de Espinosa se ha adherido a un guión ya manido. Todo apunta a un robo, dicen las autoridades. Sin embargo, una fotografía de uno de los hombres arrestados muestra un moretón reciente en uno de sus ojos, lo que podría ser señal de una confesión forzada en un país donde esta práctica es común. Televisa, la televisora dominante en el país, conocida por su postura a favor del gobierno, dijo que pruebas toxicológicos practicadas a Espinosa habían dado positivo por mariguana y cocaína. Muchos vieron esto como una forma de desacreditar públicamente al fotógrafo. “En México te matan dos veces. La primera con una bala y luego con una difamación”, dice Corchado. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se ha unido a las peticiones de otros grupos que exigen una nueva investigación. Duarte dijo que los asesinatos eran “aberrantes” y que tenía confianza en que los casos se aclararían “tan pronto como sea posible”.

“En México te matan dos veces. La primera con una bala, y luego con una difamación”
–Alfredo Corchado

Los periodistas hacen lo que pueden para protegerse a sí mismos. Los periódicos omiten la firma de los reporteros y los créditos de los fotógrafos en ciertas historias relacionadas con el crimen. Existe la autocensura, mediante la cual los reporteros dejan fuera de sus reportajes los nombres de los carteles, especialmente en publicaciones regionales pequeñas. Ciertas partes del país simplemente han sido identificadas como lugares a los que no se puede ir. Además, para muchos reporteros los días en los que buscaban una “exclusiva” forman parte del pasado. En la actualidad, muchos periodistas trabajan de la mano y se unen a grupos muy unidos que se comunican vía WhatsApp para mantenerse al tanto de los riesgos y del paradero de cada uno.

Algunas de estas reglas también aplican para periodistas extranjeros, algunos de los cuales han ido más allá y están haciendo uso de protocolos que aún están fuera del alcance de la mayoría de los periodistas mexicanos. Hace poco, mientras reporteaba una historia sobre niños que cultivan opio en los campos mexicanos de amapola, Azam Ahmed, el jefe de la corresponsalía en México del diario The New York Times y quien se mudó de Kabul a la Ciudad de México en julio, enviaba con regularidad sus coordenadas geográficas vía GPS al jefe de seguridad del periódico, tal como lo hacía cuando estaba en Afganistán. “No es una zona de guerra, pero no quería ser temerario ni complaciente”, dice Ahmed. “Quiero que la gente sepa dónde estuve hasta el último momento”.

Los productores de campo mexicanos que trabajan con periodistas extranjeros que hacen fugaces visitas para reportear también están en alerta para protegerse unos a otros, y a sus fuentes. Ulises Escamilla, un reportero con sede en la Ciudad de México y quien ha ayudado a producir reportajes para Al Jazeera, la revista dominical de The New York Times y la BBC, siempre lleva como parte de su equipo pasamontañas en caso de que la identidad de alguna de sus fuentes deba ser protegida. “Veo a alguien que está a punto de ser grabado en cámara y pienso: ‘no, no, no; tenemos que protegerlos’. Nosotros podemos irnos de este pueblo, pero ellos se quedan aquí”, dice Escamilla. “Hay mucha paranoia, pero eso es parte de nuestra protección”.

A nivel federal ha habido algo de respuesta ante la magnitud de los peligros. Las leyes ahora elevan al ámbito federal los crímenes contra la prensa, de manera que las mismas autoridades locales acusadas de amenazar a periodistas no sean también las que dirijan las investigaciones. También existe una fiscalía federal especializada. Pero el escepticismo reinante ante las investigaciones echa por tierra estos esfuerzos y está afectando al más reciente: una nueva legislación y una nueva agencia que proporciona a periodistas amenazados y trabajadores de derechos humanos protección oficial en forma de cámaras de seguridad, botones de pánico ante una emergencia y casas de seguridad.

Espinosa se mantuvo alejado de este programa, como lo hacen muchos otros periodistas también. “¿Por qué habrías de pedirle protección al gobierno si las amenazas que enfrentas están relacionadas con el estado mismo?”, dice Sandra Rodríguez Nieto, quien reporteó sobre el asesinato de Espinosa para la revista digital SinEmbargo. “¿Sabes qué me haría sentir segura? No me ofrezcas un maldito botón de pánico. Resuelve el caso de al menos un periodista muerto. ¡Uno! Eso nos demostraría que no se pueden salir con la suya al cometer un asesinato”.

Pese a ello, algunos periodistas se han unido al programa, como Norma Trujillo en Xalapa. Luego de que su colega Regina Martínez fuera asesinada en 2012, Trujillo comenzó a atrancar la puerta de su casa con una silla cada noche. “Si oía un ruido, saltaba”, dice. “El miedo no me ha soltado.” Trujillo insiste en que el programa “no garantiza nada”, pero dice que no se privará de ninguna medida de protección.

Mientras tanto, otros han descartado por completo la posibilidad de permanecer en México. Félix Márquez, un fotoperiodista de Veracruz que ha trabajado para la agencia Associated Press y Proceso, se mudó a Chile poco tiempo después del asesinato de Espinosa. “No podía hacer mi trabajo sin tener una garantía de seguridad”, dice. “Era mejor parar por un tiempo y tomar un descanso de México”.

Pese al miedo y la violencia, un fortalecido grupo de nuevas publicaciones está tomando el timón. Estas incluyen a Animal Político, SinEmbargo, Diario19, Emeequis, La Silla Rota y Más por Más, un periódico gratuito. Muchos de ellos se encuentran disponibles exclusivamente en línea, poniendo a prueba nuevas formas de permanecer a flote con la ayuda de fundaciones, inversionistas que financian nuevos proyectos y donaciones de lectores. Además, están atrayendo a prominentes reporteros, quienes están rompiendo lazos con los grandes periódicos tradicionales mexicanos y las cadenas de televisión, que están maniatados por sus lazos con el estado. “Existe una buena parte de la prensa que opera bajo la sombra del gobierno”, dice Darío Ramírez, director en México de Article 19.

Esa sombra, además, se está haciendo más larga. La cantidad de dinero que el gobierno de Peña Nieto gasta en publicidad se ha incrementado en 80 por ciento comparada con la de anteriores presidentes. “Si eliminaras ese gasto, verías desaparecer periódicos por todo el país”, dice Ramírez. El director de Article 19 llama a este flujo de dinero público no regulado hacia los medios informativos el “cáncer óseo” del periodismo. Este control mantiene intacta la narrativa en favor del gobierno y en la oscuridad a cualquier investigación que busque exponer la corrupción.

Los medios alternativos están rompiendo esas ataduras. En una junta editorial realizada recientemente en Animal Político, un grupo de editores y reporteros discutían entre todos cómo cubrir una marcha masiva a realizarse en la Ciudad de México justo a un año de que 43 estudiantes universitarios desaparecieran en Guerrero, un estado que bordea la costa del Pacífico. La historia de los estudiantes desaparecidos ha estremecido al país. La marcha planeada también coincidía con un reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que señalaba numerosos huecos en la versión oficial del gobierno sobre lo sucedido. Para Animal Político, el reporte de la Comisión ofrecía una oportunidad poco común para mostrar a su audiencia una comparación detallada de los hallazgos hechos por un grupo independiente de expertos y los del gobierno.

No podía ser más claro el contraste con la cobertura (y titulares casi idénticos) que ofrecían los periódicos más grandes de México, los cuales presentaban las conclusiones del gobierno como si fueran hechos y desacreditaban los hallazgos del reporte independiente. La cobertura de la marcha en la Ciudad de México también fue minimizada. “No tenemos mucho dinero”, dice Dulce Ramos, editora de Animal Político. “Pero hasta cierto punto preferimos que sea así, de manera que podemos hacer la cobertura que queremos y mantener nuestra independencia. Hay un vacío de información y estamos intentando llenarlo”.

Nuevas alianzas entre periodistas también están dando como resultado trabajos de investigación que no hubieran podido producirse de otra manera. En noviembre de 2014, un equipo de reporteros liderado por Carmen Aristegui, una de las periodistas más famosas de México, reveló cómo la esposa de Peña Nieto había comprado a contratistas del gobierno una mansión de color blanco estilo Miami. En lugar de dar a conocer la historia en su popular programa de radio, Aristegui y su equipo publicaron la noticia en su propio sitio en línea, Aristegui Noticias, y trabajaron con medios locales y extranjeros para que también ellos la publicaran. “Esa alianza hizo que el reportaje tuviera más impacto”, dice el periodista Rafael Cabrera, quien trabaja con Aristegui. “Mirando en retrospectiva, si simplemente lo hubiéramos publicado por nuestra cuenta, habría podido quedar enterrado. Pienso que establecer estas alianzas y ejercer presión juntos es el mejor modelo para difundir nuestro trabajo”.

Poco tiempo después de que el equipo de Aristegui publicara la noticia en Aristegui Noticias, ella y sus colaboradores fueron despedidos por la estación de radio en la que trabajaban, aduciendo que su decisión obedecía a la alianza no autorizada que los periodistas habían establecido con Méxicoleaks, una nueva plataforma de intercambio de información. Méxicoleaks es la primera alianza entre medios como Proceso, Animal Político y, ahora, Aristegui Noticias, que busca compartir información sobre malos manejos del gobierno y empresas privadas.

“¿Quién va a ofrecer información si pudiera perder la vida?”
–Eduard Martín-Borregón

Una pista filtrada recientemente condujo a un reportaje que exhibía cómo Peña Nieto y su equipo habían cometido despilfarros en hoteles de cinco estrellas durante un viaje a Europa. “La idea es darle a la gente una manera de compartir información sin dejar rastros”, dice Eduard Martín-Borregón, un periodista español que trabaja para el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER, por sus siglas en inglés), una organización sin ánimo de lucro con sede en la Ciudad de México dedicada a vigilar las actividades de empresas privadas y que forma parte de Méxicoleaks. “Quiero decir, ¿qué persona compartiría información si eso pudiera ponerla en riesgo de muerte?” El concepto del denunciante, sin embargo, aún es nuevo en México, obstaculizado por el miedo y por los pocos ejemplos de información filtrada que han provocado un cambio. “Tú ves que historias como la de Aristegui explotan, pero no cambia nada, no hay una respuesta de parte del legislativo”, dice Ben Cokelet, quien dirige PODER. “México no tiene un caso como el de Watergate”.

Las alianzas también están construyendo redes de apoyo donde antes no existían. Un grupo de alcance nacional, Periodistas de a Pie, aglutina a reporteros independientes en zonas del país donde el periodismo freelance no es común y puede ser riesgoso. Con el paso de los años, la red ha crecido hasta agrupar a más de 70 colaboradores, quienes también usan aplicaciones para enviar mensajes seguros y avisarse unos a los otros sobre amenazas. También organizan con regularidad reuniones en las capitales de los estados o en la Ciudad de México en las que se ofrecen talleres en todo tipo de temas, desde técnicas de investigación hasta asesoría sobre salud mental.

Daniela Pastrana ayuda a dirigir la red desde un modesto edificio de la Ciudad de México. Como muchos grupos de vigilancia y de derechos humanos en México, sus oficinas carecen de identificación por cuestiones de seguridad. Junto con Pastrana trabaja Ximena Natera, quien acaba de graduarse de una escuela de periodismo. Natera creció viendo las noticias en la televisión mexicana y, luego de comenzar la universidad, se dio cuenta de que “no tenía idea de lo que estaba pasando en México. Me había creído la historia de que toda la gente que moría en la guerra contra las drogas eran criminales matándose unos a otros. Me di cuenta de que no era así y de que el periodismo era la única manera que yo tenía para saber lo que estaba sucediendo en mi propio país. Eso es lo que me motiva”.

Pero lejos de la Ciudad de México, la atmósfera se recrudece. Hay que manejar durante cuatro horas para llegar a Xalapa, en Veracruz. Conforme te acercas a la ciudad, inmensos maizales dan paso a modestas casas de una planta. Dos nuevos edificios saltan a la vista: las cortes estatales. Son imponentes, hechos de concreto gris, y parecen desproporcionados en un lugar donde la justicia es escasa. Un poco más allá está el centro colonial de Xalapa, con sus angostas calles adoquinadas, pobladas por la tradicional mezcla de tiendas, oficinas y cafés como La Parroquia, donde se vende café producido en Veracruz y la leche caliente se sirve en teteras de aluminio. “Yo soy de aquí, esta es mi casa”, dice Noé Zavaleta. “En la superficie, las cosas parecen estar bien. Todos intentamos vivir una vida normal”.

Pero el asesinato de Espinosa cambió la vida de Zavaleta. “Me encantaba salir a bailar, juntarme con amigos en un bar, ir a ver películas de noche”, dice. Ya no más. También dejó de beber alcohol. “Necesito estar alerta. En lugar de mirar por la ventana por las mañanas para ver si necesito llevar chamarra, ahora veo si hay desconocidos en la calle”.

¿Por qué entonces seguir en el periodismo? “He pensado dedicarme a algo diferente”, dice. “Pero por ahora sigo en esto”. Al mismo tiempo, Zavaleta continúa recopilando cuanto documento puede relacionado con los casos de sus colegas asesinados. Lleva la cuenta de sus ausencias. “Hoy es el día 73 sin Rubén”, dice. “De alguna manera hacer eso se siente como una catarsis”.

También en Xalapa, la periodista Norma Trujillo se siente menos segura sobre su futuro. Trujillo cubre crímenes, las condiciones de las prisiones y los choques entre corporaciones internacionales y grupos indígenas locales, y con regularidad la dejan fuera de las listas de prensa del gobierno. “Mis hijos dicen: ‘simplemente deja de reportear, mamá. ¡Ya estuvo!’ Y mi marido me ve que estoy cansada”, dice. “A veces pienso: ‘Está bien, hasta aquí’. Puedo hacer algo más, algo que pague mejor y que no suponga poner en riesgo mi vida. Pero todavía no llego a ese punto. Esta es mi vocación”.

Más tarde ese mismo día, en la plaza central de Xalapa, Trujillo me muestra el escalón de piedra desde el cual, en mayo pasado, poco tiempo antes de que él mismo huyera de Veracruz, Rubén Espinosa lideró a un contingente de colegas periodistas para instalar la pequeña placa en honor de Regina Martínez. El espacio está vacío, salvo por unas manchas de pintura blanca. Alguien se ha vuelto a robar la placa. No hay planes de reemplazarla.