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El cantante pop venezolano Miguel Ignacio Mendoza formó parte de una multitud de miles de personas en las calles de Caracas, el 10 de abril. No estaba dando un concierto, sino participando en una manifestación contra la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de disolver la Asamblea Nacional, una decisión que el máximo tribunal revirtió luego de tres días de protestas a nivel nacional.
Los manifestantes en su mayoría pacíficos –incluyendo a Mendoza, mejor conocido como Nacho– fueron recibidos con gas lacrimógeno disparado por cuerpos de policía con equipo antidisturbios, en las calles y desde helicópteros. En una protesta ese mismo día en Valencia, a 160km al oeste de Caracas, un estudiante de 20 años fue asesinado por la policía, con un disparo en el cuello.
Efecto Cocuyo también estuvo presente en la protesta en Caracas, transmitiendo los choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad a través de Periscope. El medio independiente digital de noticias políticas ha estado utilizando Periscope desde su lanzamiento en 2015, como una alternativa a los medios tradicionales de televisión en Venezuela, que se enfocan en transmitir contenido pro-gubernamental y evitan sistemáticamente mostrar el malestar que ha venido afectando al país durante los últimos tres años. En febrero, el medio lanzó un programa semanal de noticias transmitido exclusivamente por Periscope. “Con la Luz” está al aire todos los viernes en la tarde, con entrevistas a profundidad y debates sobre temas de actualidad política y social.
La audiencia de Efecto Cocuyo todavía es comparativamente pequeña—una típica transmisión de Periscope alcanza una audiencia de alrededor de 3,000; la transmisión del 10 de abril fue la más grande en la historia del medio, atrayendo a más de 60,000 usuarios—pero su esfuerzo es típico del sentido de urgencia y la energía entre los nuevos medios digitales venezolanos por proveer una cobertura precisa e independiente de la crisis que sacude al país. “Uno de las mayores lecciones y beneficios que tenemos es que el periodismo más serio, responsable y riguroso está siendo reconocido por las audiencias”, dice Omar Lugo, editor de contenidos de El Estímulo, otro nuevo medio digital, “porque la gente quiere estar verdaderamente informada, en lugar de leer rumores en redes sociales”.
Durante la última ola de disturbios, los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas públicas han dejado un saldo de más de 60 muertos y cientos de heridos y detenidos, incluyendo varios periodistas. Cientos de miles de venezolanos toman las calles diariamente (en el punto más álgido de las protestas, “La madre de todas las marchas” el 19 de abril, esa cifra se elevó a un estimado de 2.5 millones de manifestantes solo en Caracas) para protestar contra las políticas del presidente Nicolás Maduro—quien se ha vuelto cada vez más impopular desde su elección en 2013, luego de la muerte de Hugo Chávez—exigiendo su renuncia, elecciones inmediatas y la liberación de líderes de oposición de prisión. La crisis política está agravada por la grave escasez de alimentos, medicinas y bienes básicos que ha resultado del colapso económico del país petrolero. A finales de 2016, el índice de inflación llegó al 720%; se espera que se eleve por encima del 2,000% para 2018, de acuerdo con proyecciones del Fondo Monetario Internacional, aunque algunos creen que este estimado está lejos de las cifras reales.
Más de 60 personas han sido asesinadas en la última ola de protestas en Venezuela esta primavera, y cientos más—incluyendo periodistas—han resultado heridos. Una mujer con el rostro pintado con los colores de la bandera nacional de Venezuela asiste a una protesta silenciosa en homenaje a los caídos.
En 18 años, desde que Hugo Chávez tomó el poder al ganar una elección seis años después de haber liderado un golpe militar fallido para derrocar al presidente Carlos Andrés Pérez en 1992, cinco canales de televisión han sido cerrados y otros nueve han sido removidos de los servicios de televisión por subscripción; 62 estaciones de radio han sido sacadas del aire por prohibición oficial; y el gobierno ha multado a diferentes medios de comunicación un total de 32 veces. “La legislación ha limitado la libertad de expresión y el acceso a las fuentes públicas de información”, explica Marcelino Bisbal, director del Posgrado de Estudios de la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello. “Ha reducido significativamente el número de fuentes iformativas disponibles y ha generado censura y autocensura”.
Aunque se ha agudizado en los últimos meses, la actual crisis de Venezuela comenzó en febrero de 2014, cuando protestas locales contra el abuso sexual a una estudiante de la Universidad de Los Andes en el estado Táchira, se expandieron a varias ciudades del país. Los motivos de las protesta se expandieron también: mejor seguridad pública, soluciones a la inestabilidad económica y los altos niveles de inflación, y el fin de las violaciones del gobierno a los derechos civiles. En las calles de Caracas, la capital de Venezuela, las protestas se han vuelto cada vez más violentas, con las fuerzas gubernamentales amenazando a la oposición no solo con gas lacrimógeno, perdigones y cañones de agua, sino con armas de fuego. En ocasiones, los manifestantes también han recurrido a la violencia; en una protesta en mayo, un grupo de manifestantes rodearon a un hombre, lo bañaron en gasolina y le prendieron fuego. Maduro acusó a la multitud de haber atacado al hombre porque estaba a favor del gobierno, aunque testigos dicen que el grupo señaló a la víctima de ser un ladrón.
Durante las protestas de 2014, imágenes de lo que estaba pasando apenas se veían en los medios tradicionales. El jefe de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones anunció que “la cobertura de eventos violentos” sería castigada bajo la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, que prohíbe la difusión de contenidos que condonen la violencia o el odio. El canal de televisión internacional NTN24, que había estado transmitiendo en vivo las protestas, fue sacado de la programación de los proveedores venezolanos de televisión por cable DirecTV y Movistar, por orden del gobierno, y su acceso permanece restringido hasta hoy. El presidente Nicolás Maduro anunció que su gobierno “tomaría medidas” contra la agencia internacional de noticias Agence France-Presse (AFP) por “distorsionar la verdad” sobre las protestas. El Ministerio de Comunicación e Información también amenazó con demandar a diarios internacionales por usar lo que calificó como “fotos manipuladas” que mostraban a las fuerzas gubernamentales atacando a los manifestantes.
Los líderes de oposición demandaban la salida de Mauro el poder, y “La Salida” fue el nombre que se le dio a este movimiento nacional.
Con la credibilidad de los medios tradicionales del país ya de por sí malograda por la censura y las duras políticas económicas del gobierno, la primera etapa de La Salida le dio a los medios digitales nuevas oportunidades y nuevas audiencias. Cuando la cobertura televisiva de las protestas del 2014 se detuvo, “fue un punto de quiebre para nosotros”, dice Luz Mely Reyes, directora de Efecto Cocuyo. Junto a las co-fundadoras Laura Weffer y Josefina Rugiero, las tres reportaron sobre las manifestaciones a través de Twitter, documentando los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía. En solo dos días, pasaron de 0 a 12,000 seguidores. Con 27,000 dólares obtenidos a través de una campaña de crowdfunding, el equipo lanzó su sitio web y comenzó a trabajar en historias más a profundidad. Ahora tienen 223,000 seguidores en Twitter.
Efecto Cocuyo—“Queremos iluminar la información, como hace el cocuyo, para iluminar a un país entero”, explica Luz Mely Reyes—comenzó con solo cuatro reporteros, pero desde entonces ha crecido a un total de 14. La estrategia comercial se centra en la publicidad, que es difícil de mantener dada la continua crisis económica y el temor de las empresas a que el gobierno pueda tomar represalias si le molesta el contenido editorial del medio. Por esa razón, Reyes y sus colegas lanzan periódicamente nuevas campañas de crowdfunding y recaudan fondos a través de donaciones privadas.
Para evadir los intentos del gobierno de bloquear sitios web específicos, Efecto Cocuyo utiliza WhatsApp para difundir las noticias y recibir reportes informativos. Uno de estos reportes llevó a la cobertura del desalojo de la empresa de importaciones y exportaciones PG Corporation de sus instalaciones cerca del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, a las afueras de Caracas, en el año 2015. Los empleados enviaron fotos y videos a Efecto Cocuyo a través de WhatsApp en el momento en que oficiales de la Guardia Nacional y la Policía Aeroportuaria llegaban al lugar para ejecutar la orden de desalojo del gobierno, emitida a comienzos de octubre. Cuando las autoridades llegaron a la escena, los trabajadores de PG Corporation se rehusaron a irse, argumentando que la orden de desalojo era ilegal. Finalmente, PG Coporation fue desalojada, pero otros medios captaron la cobertura de Efecto Cocuyo, trayendo mucha más atención a este suceso.
Efecto Cocuyo también ha seguido las historias de los afectados por la escasez de alimentos y medicinas. La serie “Sin tratamiento”, que cuenta las penurias de 10 niños afectados por la escasez e insumos médicos y fue uno de los tres finalistas del Premio Gabriel García Márquez de Periodismo 2016, fue ampliamente compartida en redes sociales. Mónica Soler, una venezolana residenciada en España, leyó la historia de Braian Lozano Salinas, un niño de 12 años con neurofibromatosis, una enfermedad que produce tumores en todo el cuerpo. Lozano necesitaba un anticonvulsivo llamado Keppra para estabilizarse para una cirugía de urgencia. Soler compró la medicina y se la envió a Lozano a Venezuela, lo que le permitió al niño realizarse con éxito la operación.
Aunque “Sin Tratamiento” no produjo ninguna reacción pública de parte el gobierno, María Laura Chang, quien reportó y escribió la serie, aún cree que el periodismo como el suyo puede tener un impacto. “A través del buen trabajo periodístico se puede exponer la mala administración pública del gobierno, aunque eso no signifique que el gobierno cambiará su forma de operar. Saber que podemos hacerlo debe servir como motivación para mantener estos temas bajo la lupa. En Venezuela, está probado que el gobierno le teme a los medios. Si no fuera así, no habría tomado acciones contra tantos canales de televisión, estaciones de radio y periódicos”.
Prodavinci, donde trabajo como periodista, es otro medio digital que aborda temas como la falta de medicinas y alimentos, que el gobierno trata de silenciar. El especial del sitio, “El Hambre y Los Días”, publicado en marzo, explora el impacto del hambre y la desnutrición en la sociedad venezolana. “Hay hambre y el gobierno lo niega”, dice Ángel Alayón, fundador y director del medio. Para “proponer soluciones y alertar a la gente del daño irreversible que experimentarán las futuras generaciones”, Alayón envió a 32 reporteros, a lo largo y ancho del país, para documentar cómo la escasez de alimentos está impactando en las personas, familias, hospitales y escuelas. El proyecto hizo visible el costo humano que han tenido las políticas económicas del gobierno. El sitio web también publica constantemente ensayos fotográficos en los que los manifestantes de las últimas protestas cuentan sus historias en sus propias palabras.
Un manifestante enmascarado sostiene una pancarta que dice “Libertad”, durante enfrentamientos con las fuerzas de seguridad del gobierno en Caracas, en mayo. La censura en Venezuela se ha incrementado mientras la crisis política se agudiza
Alayón comenzó Prodavinci con su propio capital, como un foro para el “periodismo de ideas como respuesta a la falta de análisis a profundidad y periodismo basado en los hechos,” dice. El medio actualmente emplea a alrededor de 30 personas, y Alayón recientemente abrió unidades de investigación y datos. Prodavinci también organiza tres o cuatro eventos al año en los que expertos en política y economía discuten sobre los desafíos que enfrenta el país, con un cobro por entrada que aumenta los ingresos que recibe el medio por publicidad. “Hemos establecido una relación con nuestra audiencia que se basa en la creatividad, la calidad y el respeto”, explica Oscar Marcano, director asociado de Prodavinci. “Cuando entregas un periodismo de calidad, presentado de una forma creativa mientras agotas todas las fuentes de información y los ángulos de la historia, la audiencia se siente respetada, y te apoyará en el futuro”.
El optimism de Marcano no es totalmente compartido por César Bátiz, editor de El Pitazo, que provee noticias a venezolanos de bajos recursos. “Muy pocos medios pueden sobrevivir de los ingresos por publicidad”, señala. Aún así, en solo dos años El Pitazo ha logrado construir una red nacional de periodistas con presencia en 22 de los 23 estados del país, en un momento en que los medios tradicionales han reducido su cobertura fuera de las principales ciudades.
El Pitazo mantiene una pequeña sala de redacción en Caracas, pero su operación consiste principalmente de una red de 42 reporteros que contribuyen con el sitio web mientras trabajan también para otros medios de comunicación. El medio envía mensajes de texto SMS con destacados de sus principales historias a los teléfonos de mas de 2.5 millones de residentes de los cerros, comunidades densamente pobladas en las montañas que rodean Caracas. El Pitazo comenzó como un proyecto de la Organización No Gubernamental IPYS Venezuela, que promueve el periodismo independiente y la libertad de expresión, y hoy tiene acuerdos con otras seis ONG’s venezolanas enfocadas en la promoción de los derechos civiles y la participación cívica, para compartir y difundir contenidos en video en las comunidades donde El Pitazo quiere tener impacto.
Conocido por su periodismo de calle, El Pitazo publicó en marzo una serie sobre personas de la tercera edad como Irmo Subero, un hombre ciego residente en el estado de Monagas, que trata de ganar dinero cantando y tocando una guitarra rota, así como otros ancianos que han sido abandonados por sus familias y por el gobierno, y ahora viven en las calles. Aunque el gobierno ignora historias como esta, Bátiz cree que es crucial registrar lo que está sucediendo en Venezuela. “Tenemos que pensar que nuestro trabajo periodístico no solo permanecerá como documentación de este momento, sino que también servirá como una radiografía de estos tiempos, que será estudiada por los historiadores”, dice.
A pesar de los obstáculos, en Venezuela se sigue haciendo un trabajo vital. El medio investigativo Armando.info, que trabajó con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) para desarrollar las historias venezolanas derivadas de los Papeles de Panamá, recientemente publicó la historia de cómo el gigante de la construcción Odbrecht sobornó a funcionarios públicos para asegurar contratos de obras públicas. A diferencia de otros medios digitales, Armando.info no utiliza publicidad. “No estamos interesados en que ningún anunciante ponga condiciones sobre los temas que estamos trabajando”, explica el co-editor Alfredo Meza. El sitio se financia a través de donaciones de organizaciones como Open Society. Meza también está contemplando la opción de restringir el acceso a sus contenidos y cambiar a un modelo de subscripciones.
En adición a las dificultades financieras, Meza dice que la falta de cooperación de las fuentes oficiales obliga a los periodistas a ser más recursivos a la hora de obtener estadísticas y verificar datos. Desde 2015, indicadores económicos importantes como el PIB, las importaciones anuales y el índice de inflación, no han sido reportados por los funcionarios públicos del gobierno venezolano. Como resultado, los periodistas calculan importaciones y exportaciones anuales, por ejemplo, contrastando datos con los departamentos de comercio de cada país con los que Venezuela mantiene relaciones comerciales. Para cifras como el índice de inflación, los periodistas tienen que cruzar números con diferentes ONG’s y organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional.
En 2009, Nelson Bocaranda, uno de los periodistas más respetados de Venezuela, recibió la noticia de que su programa político “Runrunes”, transmitido por la estación radial Onda, no continuaría en el aire, después de que el gobierno amenazara con revocar la licencia de transmisión de la estación de radio si no sileciaban las críticas de Bocaranda. En respuesta, Bocaranda y su hijo, Nelson E. Bocaranda, llevaron “Runrunes” a internet, convirtiendo el programa en una plataforma digital de noticias y periodismo de investigación. El sitio web ahora tiene seis reporteros en su unidad investigativa, y dos colaboradores regulares.
Desde el comienzo de la más reciente ola de protestas en abril, “Runrunes”, que tiene 1.8 millones de seguidores en Twitter, ha documentado los casos de muertes de manifestantes, incluyendo infografías con información sobre las causas de muerte, el lugar donde ocurrió el hecho, y si los responsables han sido identificados. Hasta ahora, “Runrunes” ha compilado los casos de 78 muertes, 18 más que la cifra oficial registrada por la Fiscalía General de la República.
El trabajo de Bocaranda subraya una de las ironías del momento actual del periodismo venezolano. A medida que el gobierno ha ido atacando a los medios tradicionales, también ha creado, sin quererlo, un suministro de periodistas con amplia experiencia para alimentar a los nuevos medios digitales, incluyendo personas como el fotógrafo de Prodavinci Gabriel Méndez, quien ha estado cubriendo las recientes protestas.
“Una de las cosas buenas que ha resultado de las crecientes censura y auto-censura es el surgimiento de un movimiento periodístico joven”, dice. “La suma de pequeños sacrificios que muchos ciudadanos hacen para sobreponerse a los desafíos diarios, el apoyo de mi familia y mis colegas me hace continuar, sin importar qué tan cansado pueda estar. Me hace querer aportar con la pequeña contribución que puedo dar. Creo que como sociedad nos alimentamos del buen trabajo de cada uno. Es una especie de crowdfunding, pero de coraje.”